Informe INDH asegura que violación a los DDHH no fue de manera aislada

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer este lunes su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile.

El documento de cinco capítulos, que abarca el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, está marcado por la crisis social que afecta al país desde el 18 de octubre pasado.

El presidente del organismo, Sergio Micco, calificó las violaciones a los derechos humanos como “graves y muy numerosas” y criticó la “excesiva demora” de Carabineros en tomar medidas para evitar nuevas vulneraciones.

En el texto se destaca que, desde el primer momento, el INDH comenzó a monitorear la situación y se hicieron llamados para que el control del orden público se realizara de “manera proporcional, apegado a derecho y ajustado a los protocolos institucionales”.

“Se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”, se remarca.

En el capítulo Violaciones a los Derechos Humanos se ofrece un análisis de la información recopilada por el INDH a partir de la observación directa por sus funcionarios. A partir de estos datos, “el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”.

El texto otorga especial preocupación a las denuncias relacionadas con el “uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares. De acuerdo a las inspecciones realizadas en recintos hospitalarios al 30 de noviembre, hubo un total de 347 personas con heridas oculares, entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible y traumas oculares. A esa fecha de corte, el INDH había presentado 29 querellas por ese tipo de afectaciones.

Además se constata que “el mayor número de muertes y la mayor proporción de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas, se produce durante el período de Estado de Emergencia”.

El informe asegura que existe falta de control sobre los medios disuasivos que utiliza Carabineros, “problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución, respecto de la autoridad civil”.

“El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”, señala el documento.

Se detalla en el informe que el INDH ha interpuesto, al 30 de noviembre, 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas, quienes sindican a agentes del Estado como sus victimarios. Del total de querellas por este tipo de delitos, 433 son contra Carabineros, 33 contra efectivos de las Fuerzas Armadas y 10 contra personal de la Policía de Investigaciones.

“En este marco, se establecieron acciones judiciales por torturas, apremios y vejámenes con connotación sexual en favor de 135 personas, 114 de las cuales denunciaron desnudamientos. Hay 6 casos de violación contra hombres adultos, lo que motivó la presentación de querellas contra Carabineros”, se indica.

“Hasta el 30 de noviembre, el INDH había presentado 21 acciones constitucionales de amparo y una ante un juez de garantía, para cautelar el derecho a la libertad y seguridad personal en casos graves.  El Instituto visitó 918 recintos policiales en todo el país y constató la detención de 8.492 personas, de las cuales 1013 eran niños, niñas y adolescentes”, se añade.

A través del sistema electrónico del INDH se recibieron y validaron 4.994 denuncias a nivel nacional por vulneraciones a este derecho. También el Instituto recibió 104 denuncias, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre por violación de domicilio y allanamientos ilegales.

Entre las recomendaciones entregadas por el organismo se señala que “el Consejo del INDH recomienda que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública disponga que las Fuerzas de Seguridad y Orden Público hagan uso de la fuerza con estricto apego al respeto de los derechos humanos y que respondan a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Para ello se debe asegurar que el uso de las escopetas antidisturbios de carabineros se apegue a los protocolos pertinentes. También se debe instruir a la policía uniformada para que el uso de agentes químicos se ajuste al respeto de los derechos humanos, que estos no sean lanzados ni detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise su composición”.

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